La tensión entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios de bienes culturales

Luigi Amara publicó en la revista Fractal una interesante y larga reflexión sobre un conflicto, una tensión que se agudiza cada día más entre la propiedad intelectual, los derechos de autor y las libertades de los usuarios y consumidores de los bienes culturales. Nadie propone, como se ha sugerido, que los autores deban regalar su trabajo. Pero la propiedad intelectual, los derechos de autor tampoco pueden imponerse, hasta casi suprimirlos, sobre los derechos de quienes pretender disfrutar de los más diversos bienes culturales. El usuario “debería tener el derecho de leer lo que quiere leer, de ver, escuchar, reproducir y estudiar lo que le interesa. También debería tener la libertad de redistribuirlo y circularloa quien crea que le puede interesar…“, sostiene Amara en su ensayo El acceso a las fuentes o un nuevo enciclopedismo digital, del que les transcribo una parte:

El conflicto

Vivimos una tensión, un tremendo conflicto, entre lo que se ha dado en llamar la “propiedad intelectual” y los derechos y libertades de los lectores o usuarios. A raíz de que los avances técnicos permitieron que los medios para reproducir y copiar los bienes culturales estén al alcance de la mayoría y no sean un privilegio de unos cuantos, esa tensión se ha agudizado y, por lo menos, ha mostrado la necesidad de una legislación diferente, sino es que de un cambio completo de paradigma. De un lado, las fotocopiadoras, el quemador de cds, los archivos compartidos en la red, el software de código abierto, las descargas de música, texto o video y su circulación relativamente libre de mano en mano o de computadora a computadora; de otro, el endurecimiento de las leyes del copyright, el lucro como valor rector, las multas millonarias a los internautas que descargan archivos protegidos, el fenómeno de la piratería criminal como una sombra que acompaña la avidez de los consorcios. De un lado las restricciones y, del otro, las retículas de intercambio. De un lado los altos precios de los bienes culturales y, del otro, el derecho a la cultura.

El problema es que mientras más fácil sea publicar y difundir libros y discos en los medios electrónicos, mientras baste oprimir un botón para copiar una canción o una película, por encima o por debajo de los candados de seguridad y de los parches a las legislaciones internacionales, la red de intercambios, downloads y archivos compartidos se extenderá y conseguirá lo que quiere, pues como escribe el colectivo italiano Wu Ming, pionero en muchos sentidos en la libre circulación de los bienes culturales, se trata ya a estas alturas de un auténtico maremoto.

Una legislación obsoleta

Las leyes del copyright se originaron en el siglo xvi en Inglaterra, por lo que no es de extrañar que a pesar de las múltiples enmiendas y actualizaciones, del convenio de Berna y de la Ley del Copyright del Milenio Digital, sea una legislación vetusta, poco flexible para adaptarse a los tiempos que corren. Dicho de manera muy sucinta, el copyright nació como una forma en la que el Estado brindaba en exclusiva a una casta profesional de editores (los stationers) el “derecho de copia” de toda impresión, con lo cual no sólo les concedía el monopolio de las imprentas, sino también la propiedad de las obras. En la actualidad, el copyright rige la explotación comercial de las obras y su fin es que sus titulares tengan derechos exclusivos para controlar su distribución y reproducción.

Enmascarados muchas veces bajo el término de copyright, en la mayoría de los países que siguen el derecho continental, se encuentran los derechos de autor, impulsados a fines del siglo XVIII por el dramaturgo Pierre–Augustin de Beaumarchais. Estos derechos reconocen que son los propios autores los dueños de sus obras (al menos hasta que caigan dentro del dominio público), a la vez que garantizan que el autor o sus herederos reciban algún beneficio por la comercialización de sus creaciones.

Visto desde esta perspectiva, los derechos de autor parecen no sólo intachables, sino del todo plausibles y su defensa necesaria. ¿Por qué quien construye una silla puede venderla o heredarla a sus hijos y no así el que ha escrito una novela o una sinfonía? El problema comienza cuando, bajo la categoría un tanto equívoca de “propiedad intelectual”, comparaciones como la anterior se llevan demasiado lejos y entonces se olvida que ni la novela ni la sinfonía son del todo equiparables a la silla, puesto que si bien tienen un perfil comercial y hasta cierto punto son también mercancías, al mismo tiempo son bienes culturales, que otros querrán leer o escuchar en una medida muy distinta de la que otros querrán sentarse en la silla. Desde luego hay todavía una discusión pendiente que debería dirigirse hacia el cuestionamiento de lo que se entiende por “propiedad” en los casos de autoría, pero está claro que al comercializar su obra, el autor no se queda sin ella (como sí sucede en el caso de la venta de una silla), e incluso podría decirse que en muchos sentidos se enriquece al sacarla del cajón y hacerla pública.

El sesgo restrictivo, es decir, eminentemente lucrativo, que en especial las agrupaciones y consorcios suelen imprimir al copyright y a los derechos de autor, que se han convertido en una gran fuente de ingresos corporativos gracias a que funcionan como instrumentos para impedir la libre reproducción y circulación de las obras, ha llevado a que en las últimas décadas surjan toda clase de movimientos críticos para contrarrestarlo y en algunos casos ponerlo de cabeza, bajo la premisa de que dichas restricciones no siempre son legítimas y con frecuencia entran en conflicto con las libertades y derechos de los lectores y los usuarios.

La otra cara de la moneda

Así como un autor tiene derecho a comercializar lo que un tanto pomposamente se ha denominado “los frutos del espíritu”, así el lector o usuario también tiene (o debería tener) ciertos derechos, que por lo general no son reconocidos o le son escamotados sistemáticamente. ¿Derecho a qué? Como una extensión natural del derecho a la cultura[27], a gozar del arte y beneficiarse de los avances científicos, debería tener el derecho de leer lo que quiere leer, de ver, escuchar, reproducir y estudiar lo que le interesa. También debería tener la libertad de redistribuirlo y circularlo a quien crea que le pueda interesar y, desde luego, a nutrirse de aquello que ha leído o visto o estudiado para crear nuevas obras del espíritu, incluso si son meras parodias, pastiches o regurgitaciones.

Pero enunciado así, el derecho a la cultura[28] y las libertades de los lectores y usuarios, que a primera vista suenan razonables y defendibles, se topan con el derecho también legítimo del autor de beneficiarse económicamente de lo que ha producido. Es verdad que le gustaría que su novela circulara y fuera leída por el mayor número de personas posible, o que el disco lo escucharan tanto en las discotecas de Moscú como en los radios de pilas de Guatemala, pero también le gustaría vivir de lo que hace, obtener ganancias de sus obras y así estar en condiciones de seguir haciendo lo que le gusta, que es, según el caso, escribir o componer música.

En términos generales, el lector o escucha puede acceder a un libro o a las canciones de un disco si paga por ello; una vez hecho esto puede, con ciertas restricciones, copiarlo para su propio disfrute o para el disfrute colectivo, si no persigue fines de lucro; también puede prestarlo, regalarlo, etc., o bien revender el libro o el disco (que no sus copias), por ejemplo en tiendas de segunda mano. Está claro que de estas copias ulteriores sin fines de lucro y de la reventa de materiales usados, el titular de los derechos de autor no obtiene un beneficio económico directo, pero sí consigue que su obra sea leída o escuchada por más gente (esto es, mayor difusión), lo que a la larga puede redundar en nuevas ventas, tanto de ésta como de sus demás obras. Desde luego el lector o escucha también puede ir a la biblioteca o encender la radio y no pagar un centavo, pero la codicia de quienes ostentan el copyright ha hecho que las restricciones se extiendan incluso a estos campos, como es el caso de muchas editoriales que en Estados Unidos y otros países han prohibido el préstamo público en bibliotecas o lo han condicionado al pago de una cuota

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