Organizados para la denuncia

La sociedad mexicana es hoy más moderna que su clase política. El nivel creciente de la exigencia y la participación política en los ciudadanos, así parece demostrarlo. Cada vez hay más conciencia y más denuncias contra servidores públicos corruptos. Sin embargo, son denuncias dispersas, solitarias, que suelen terminar en amenazas o agresiones físicas en perjuicio de los denunciantes. Con su acostumbrada claridad y demoledor sentido común, Gabriel Zaid reflexiona en torno a este problema y ofrece algunas propuestas para comenzar a resolver el problema. ¿Qué se puede hacer? Organizarse para la denuncia. Escribe:

¿Cómo se puede lograr que los servidores públicos sirvan? Pocos dependen del voto, y no basta con votar. Aunque resulten elegidos los mejores, nada garantiza que cumplan lo que prometieron, o que puedan o quieran deshacerse de los incompetentes, irresponsables o corruptos. Tampoco es fácil. Sustituir depende de circunstancias de poder, de política, de normatividad, de presupuesto, y de que esté disponible un reemplazo mejor. Otra dificultad es que toda sustitución parece una maniobra política, y lo es.

En el mejor de los casos, las depuraciones internas son insuficientes. En el peor, sirven para consolidar a los peores en el poder. Por eso, es indispensable intervenir desde afuera. No hay manera de ahorrarse la presión ciudadana, aunque sea costosa en tiempo y disgustos. La intervención no puede limitarse a votar cada tres años. Debe ser permanente.

También debe ser eficaz. Los activismos que no conducen a nada (o, peor aún, resultan contraproducentes) exasperan y desaniman. La frustración puede volverse apatía resentida: el sentimiento tradicional de que no se puede. Sentimiento apoyado por la burocracia para que nadie se meta.

Los funcionarios siempre tienen cosas más importantes que atender: su propia carrera. Y, como no están dispuestos a ignorarla, son un peligro para los ciudadanos que tienen el valor civil de denunciar. La denuncia puede tener efectos tan graves en ellos que prefieren sabotearla. Por eso, a los ciudadanos poco conocedores que en sus ratos libres se enfrentan a pillos de tiempo completo se les ofrecen buzones oficiales que canalizan las denuncias hacia la nada, o peor aún: la represalia.

La forma en que se reciben las denuncias, los datos que se piden de los hechos denunciados y del denunciante inspiran desconfianza. La noticia sobre “incongruencias en la forma de vida de operadores y supervisores que reciben” las denuncias: un nivel de vida que no corresponde a sus salarios, por lo cual “se teme que detrás de esas diferencias entre ingresos y egresos estén los cárteles de las drogas” (El Universal, 27 de noviembre 2011), confirma las sospechas.

La denuncia tiene en contra esa realidad aplastante: o no pasa nada o te pasa a ti, para que aprendas. Ejemplos terribles en menos de un año: Marisela Escobedo Ortiz, plantada ante el palacio de gobierno de Chihuahua para exigir justicia por el asesinato de su hija, fue asesinada. Leopoldo Valenzuela Escobar localizó dónde tenían secuestrado a su hijo, pidió ayuda inútilmente a las autoridades de Durango, las acusó de negligencia en un manifiesto y fue asesinado. Nepomuceno Moreno Muñoz acusó a las autoridades de Sonora por el secuestro de su hijo, recibió amenazas de muerte, las desafió sumándose a la Marcha por la Paz, logró ser escuchado personalmente por el Presidente, recibió protección y murió asesinado. Como si fuera poco, el procurador declaró que investiga sus antecedentes (Reforma, 29 de noviembre 2011). No vaya a ser que resulte el responsable de su propia muerte.

Otro sería el país si, una y otra vez, miles de veces, fuera público y notorio que denunciar tiene consecuencias en el servidor omiso o delincuente, sin represalias para el denunciante. El día en que los ciudadanos tengan bases para creerlo (confirmadas por la experiencia de amigos y conocidos), habrá cien veces más denuncias. Pero tal avalancha es, precisamente, lo que cuatro millones de burócratas quieren evitar

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