Avances de una contrarreforma

Ilán Semo escribió una inteligente reflexión acerca del arduo debate que se llevó a cabo la semana pasada en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia ante la que se impugnaron reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y criminalizan (por consecuencia, aunque no se trate de leyes penales) a las mujeres que, por una gran diversidad de circunstancias, deciden interrumpir un embarazo.

Para decretar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, se requerían 8 votos de los Ministros que integran el máximo tribunal. Sin embargo, sólo se consiguieron 7 votos. Por lo tanto, las modificaciones promovidas por ambas legislaturas locales seguirán vigentes. “¿Quién tiene el derecho y la potestad”, pregunta Ilán Semo, “para regular (y hasta gobernar) las acciones por las que una mujer opta en el orden más elemental y más radical de su existencia, que es su cuerpo mismo? ¿El Estado? ¿La Iglesia? ¿La familia? ¿O simple y sencillamente ese yo desde el que habla y decide cualquier ser?” Las jerarquías panistas y eclesiásticas parecen desconocer que la sociedad mexicana, desde 2000 (y algunos años atrás), eligió la democracia y no la erosión paulatina del Estado laico. La iglesia, con sus miedos, prejuicios, amenazas, fobias e intolerancias, oscurece los mejores ámbitos para la deliberación pública.

Escribe Semo:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló finalmente los cambios al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, en los que se criminaliza a la mujer que pasa por la dramática situación de verse obligada a interrumpir un embarazo. Un aval similar fue otorgado a las modificaciones que se realizaron a la ley básica de Baja California. Con ello, la política promovida por el Partido Acción Nacional y la jerarquía eclesiástica para impulsar leyes locales que penalicen la libertad del derecho a decidir abarca a dos nuevas entidades.

Cabe destacar que el debate en el seno de la Corte mostró una institución que hoy en día está entrecruzada por la pluralidad y la libertad de que gozan los jueces para expresar su opinión libremente. La discusión fue ardua y, en momentos, álgida. Por lo pronto, atrás parecen haber quedado los tiempos del régimen autoritario en que ese tribunal fungía como una simple oficina de trámites de las necesidades y las necedades de la Presidencia. Un hecho que habla de un cambio sin duda relevante en la cultura jurídica del país. Seguramente todavía es difícil encontrar un ambiente similar en los tribunales estatales y locales, pero nunca se pierde la esperanza de que exista un trickle-down-effect también en el ámbito de las prácticas jurídicas. Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío y otros más fueron los ministros que se opusieron abierta y radicalmente a esta involución legal. Sus argumentos quedarán en la memoria inmediata de un debate que seguramente se prolongará en los próximos años: la discusión en torno a la soberanía del cuerpo femenino.

¿Quién tiene el derecho y la potestad para regular (y hasta gobernar) las acciones por las que una mujer opta en el orden más elemental y más radical de su existencia, que es su cuerpo mismo? ¿El Estado? ¿La Iglesia? ¿La familia? ¿O simple y sencillamente ese yo desde el que habla y decide cualquier ser? Constreñir la soberanía sobre la intimidad del cuerpo es constreñir los tejidos más profundos de la libertad misma (y no sólo la de las mujeres). No hay que olvidar, si se quiere una metáfora aritmética, que la mitad de la libertad general, o más, es femenina. Es reducir el mundo femenino a la condición que preveía el orden premoderno: la condición no de una ciudadana, sino de un súbdito, atada al orden público mas por el principio de subalternidad que por el principio moderno de la autonomía

Les recomiendo leer las crónicas de las cuatro sesiones de la Suprema Corte, escritas por Geraldina González de la Vega: I, II, III, IV. De la misma autora, hay que leer Las razones de las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna.

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