Sobre el pacto

Hoy en El Universal el jurista Miguel Carbonell aborda, con razones, argumentos y preguntas, el tema sobre un supuesto pacto con el narcotráfico, planteado por Javier Sicilia. A Carbonell, aunque comparte el dolor y la indignación de Sicilia, así como las críticas a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, le parece difícil seguir a Sicilia en el asunto del pacto y ofrece una serie de razones prácticas, políticas y jurídicas atendibles. Dice Carbonell que podemos discutir si la estrategia es adecuada o no [para mí eso está resuelto: es un desastre], sin embargo, “de ahí a proponer que el Estado mexicano abandone su responsabilidad de perseguir a los delincuentes […] hay un trecho que nunca y por ningún motivo debemos recorrer”. Tiene razón en esto último, pero hay que decir que Sicilia jamás propuso, porque no es esa su convicción, que el Estado abdicara de su responsabilidad en la persecusión penal de los criminales; el poeta dejó muy claro, aunque al principio hablara de “pacto”, que busca la paz y una modificación de la estrategia fallida implementada por este gobierno. Creo que nadie está pidiendo la rendición del Estado; pero el “Estado” tampoco está funcionando, sobre todo en aquello que lo justificó desde un principio: la seguridad de los individuos. Me deja reflexionando también una frase que nos ofrece el escritor Geney Beltrán: Si querer cumplir la ley provoca 40,000 muertos, ¿no conviene revisar qué tan justa es esa ley?

Va un extracto del artículo de Carbonell:

Debe haber pocas tragedias más dolorosas en la vida que ver morir a un hijo. No hay forma de no compartir el dolor, la rabia y la impotencia que debe estar sintiendo Javier Sicilia por el asesinato del suyo.

La muerte del joven Sicilia junto a otras seis personas en Cuernavaca es la secuela de un fenómeno de descomposición importante en el estado de Morelos, pero casos parecidos se observan en distintas partes del territorio nacional. Los medios de comunicación con frecuencia nos informan del asesinato de adolescentes en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Tijuana, en Matamoros, etcétera.

Creo, sin embargo, que el legítimo dolor de un padre por la pérdida de su hijo no debe obnubilarnos como sociedad. Sicilia propuso en una entrevista que el gobierno pactara con los criminales para terminar con la violencia de los últimos años.

Ahí es donde resulta muy complicado seguir a Sicilia. No veo cómo o de qué forma podría el Estado mexicano pactar el final de la violencia. ¿Habría que sentar a los grandes capos a una mesa y firmar una especie de contrato o acuerdo de buena voluntad? ¿Quiénes participarían: El Chapo, El Mayo, El Lazca? ¿Sus representantes, sus jefes de sicarios? ¿El acuerdo comprendería a las bandas de secuestradores y a quienes cobran derecho de piso en muchas ciudades del norte del país?

No cabe duda que la administración del presidente Calderón merece ser cuestionada por la escalada de violencia de los últimos años y que siempre debemos tener la sabiduría de cambiar de ruta cuando la que seguimos no nos lleva hacia los resultados deseables, pero la idea de que el Estado pacte con los delincuentes me parece una claudicación inaceptable.

¿Cómo explicarles ese pacto a las víctimas de la delincuencia? ¿Qué sentirían quienes han visto secuestrados a sus hijos cuando vieran al secretario de Seguridad Pública en la mesa con el jefe de la banda o un peligroso gatillero? ¿Es la imagen que queremos proyectar sobre el futuro del país?

Ese posible pacto ¿qué renuncias supondría para el gobierno? ¿Deberíamos dejarles a los narcotraficantes carreteras para que circulen libremente? ¿Les entregamos la sierra de Durango? ¿Les damos Ciudad Juárez? ¿Les cedemos una parte de Tamaulipas? ¿Creamos una “reserva segura” en Michoacán?

Insisto: podemos discutir si la estrategia del gobierno federal y de los gobiernos locales es o no la adecuada. Debemos exigir mejores resultados de quienes están al frente de la lucha contra la delincuencia. Pero de ahí a proponer que el Estado mexicano abandone su responsabilidad de perseguir a los delincuentes me parece que hay un trecho que nunca y por ningún motivo debemos recorrer.

Si pactamos con los narcotraficantes luego reclamarán un acuerdo los secuestradores, y luego los contrabandistas, los defraudadores, los ladrones y hasta los violadores. ¿Con qué legitimidad podría el Estado decirle a un pequeño ladrón que se va a ir a la cárcel por haber asaltado un pequeño comercio, cuando deja de perseguir a quien ha matado o secuestrado a docenas de personas?

Es comprensible que luego de varios años con un crecimiento exponencial de la delincuencia, la población mexicana trate de buscar una salida fácil. El desánimo y la frustración son compartidos por millones de personas, en todo el territorio nacional. Son cientos de miles las víctimas de una política de combate al delito que parece haber sido diseñada con una negligencia difícil de superar.

Todo lo anterior es cierto y negarlo sólo sirve para permanecer en una situación inaceptable. Pero una rendición del Estado y un pacto con las grandes mafias criminales es muchísimo peor

Y todavía con descaro, despúes de tantos muertos, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, William R. Brownfield, admite errores al plantear el combate del narcotráfico. Por cierto, en este debate, no olviden releer el artículo que publicó Ilán Semo en La Jornada el pasado 5 de marzo.

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