El amparo de los intelectuales

Era de esperarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente resolvió, por mayoría de 7 votos, en el llamado “amparo de los intelectuales”, desechar este juicio por no ser la vía para impugnar el procedimiento de reformas que desembocó en la denominada Reforma Constitucional Electoral de 2007, así como por los efectos que provocaría conceder el amparo a dichos ciudadanos, pues, de ser así, únicamente éstos y nadie más, podrían contratar tiempos en radio y televisión con fines electorales.

Como se ve, ni siquiera se llegó a debatir el fondo del asunto, es decir, si la prohición absoluta a particulares para contratar tiempos en radio y televisión transgrede el derecho fundamental a la libertad de expresión. Desde mi punto de vista, hubiera sido muy útil e ilustrativa la discusión de fondo; aunque creo que -por cuestiones de equidad en las contiendas electorales, y para reducir el uso del dinero en la propaganda, así como para socavar el perverso fenómeno de la espotización de la política- la libertad de contratación, más que de expresión, sí puede y debe restringirse. En este sentido, estoy de acuerdo con lo que escribió el sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo: “no se prohíbe emitir opiniones, no se impide la libertad de expresión ni se evita que los ciudadanos opinen. Lo que se prohíbe es contratar o comprar tiempos de radio y televisión para propaganda política. Es decir que lo que defienden con tanto entusiasmo Cortés y Zuckermann no es la libertad de expresión, sino una forma de la libertad comercial; no el derecho de opinar, sino el derecho de comprar tiempo en radio y televisión“.

Les recomiendo el artículo de Ricardo Becerra, Razón de mercado y razón democrática, quien ve en todo esto “un nuevo tipo de contiendas electorales”:

Finalmente, luego de un largo suspenso, la Suprema Corte mexicana desechó el amparo que un grupo de ciudadanos mexicanos habían interpuesto contra la reforma electoral del año 2007. No es una resolución que borde sobre el fondo de la cuestión y soy de los que lamentan ese hecho: hubiera sido muy sano un debate sobre los valores y los principios que se juegan en ese artículo de la Constitución. No obstante y todo, con ese acto jurídico, el máximo Tribunal del país despeja finalmente el camino para el asentamiento y la naturalización de un nuevo tipo de contiendas electorales en México.

Supongamos por un momento que la SCJN hubiera dado razón a los quejosos: con ello hubiera abierto las compuertas para un largo periplo litigioso de desenlace incierto. Las elecciones por venir se hubieran vuelto un pandemónium alrevesado en el que el escenario principal lo hubiera ocupado el IFE y aquellas emisoras de radio y la televisión deseosas de darse a la fuga de su obligación constitucional, y hubiesen arrojado una nueva gran interrogante para el proceso de renovación presidencial en el 2012. Pues esta aciaga posibilidad se cerró, y con ello, se consolida una certeza de nuestro futuro político: las campañas electorales serán desarrolladas a través de los recursos públicos, en los tiempos que corresponden al Estado.

La razón mercantil no fue suficiente: los partidos y los candidatos deberán cruzar la aduana de las pautas que confecciona una institución pública -el IFE- para transmitir sus mensajes electorales en toda elección que ocurra dentro del territorio nacional; los ciudadanos pueden decir y expresar exactamente lo que piensan, a través de todos los medios, excepto contratando espacios en radio y televisión, y con ambas condiciones, se da carta de naturalidad a un “modelo” de competencia democrática más cercano a la parsimonia y a la austeridad de los países europeos, que a la ilimitada y excesiva fórmula norteamericana, que con nuestra concentración y desigualdad, aseguraba el predominio absoluto de los poderes de hecho sobre la democracia mexicana

Les recomiendo seguir el debate entre Leo Zuckermann y Fernando Escalante Gonzalbo sobre libertad de expresión y libertad comercial.

Para Héctor Aguilar Camín, uno de los firmante de la demanda de amparo, la reforma de 2007 “violenta o contradice derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión, la no discriminación, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley”. Yo pienso que podríamos hablar de una restricción justificada, pero no de una transgresión ni contradicción.

En Milenio diario Juan Ignacio Zavala publica el artículo De los intelectuales a Madaleno, y califica “la ley electoral” (entiendo que producto de la reforma) como un atraso porque, entre otras cosas, limita la libertad de expresión y vuelve tediosas y poco informativas las campañas electorales, en tanto que prohíben las campañas negativas y desprecian el juicio ciudadano (¿a poco las campañas electorales para la presidencia en 2006, en las que se difundieron  cientos o miles de spots que repetían con vulgaridad una frase, fueron informativas?). Para Román Revueltas Retes, también en Milenio, “que los jueces tomen partido por los partidos (políticos) me parece, con perdón, una auténtica putada”.

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2 Responses to El amparo de los intelectuales

  1. Sin Ma says:

    Hola, Irad!
    Sí, es una pena que no se haya estudiado el fondo de este asunto.
    Coincido contigo en que es la libertad de contratación lo que se está limitando, como ya lo hemos comentado, no creo que ciudadanos como tú y como yo podamos contratar tiempos en radio y televisión, ya que es muy co$to$o, ni juntando nuestros aguinaldos, jeje! Es más que nada una cuestión de equidad en las contiendas electorales. Pero no lo dijo la Corte, se quedó en las cuestiones de forma, de procedencia.

    Te mando un abrazo!

  2. Irad says:

    Hola, Sin Ma:

    Estamos de acuerdo, pienso, respecto a este juicio que promovieron diversos ciudadanos, entre ellos varios influyentes líderes de opinión, cuyas expresiones, me parece, están debidamente garantizadas en otros ámbitos del espacio público. La reforma constitucional de 2007 sólo limitó la libertad comercial de los particulares para contratar publicidad electoral en radio y televisión, por cuestiones de equidad y como consecuencia del proceso electoral de 2006, en el que intervinieron, a veces mintiendo o polarizando, muy poderosos sectores de la iniciativa privada.

    Lo que sí creo que debemos continuar discutiendo, al menos en la prensa, la academia y otros espacios ciudadanos, es lo relativo a la prohibición de las llamadas campañas negativas. En este tema todavía no asumo una posición definida.

    Otro abrazo!!

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