Deficiencias jurídicas de la “ley Sinde”

El abogado david Maetzu, especialista en derecho de autor, explica en entrevista las deficiencias que encuentra la llamada ley Sinde contra las descargas en internet. Les comparto un pedazo del texto:

Maeztu, que se tiene bien estudiado el anteproyecto de ley de la ministra de Cultura (lleva varios meses comentándolo en su blog), ha charlado con El Cultural.es para aclarar sus puntos más escabrosos. En particular hay uno que ha despertado una gran confusión. Son las competencias reales de la comisión administrativa. ¿Puede cerrar motu proprio una web, incluso antes de contar con el respaldo de una instancia judicial? Unos dicen que sí (los internautas y sus portavoces) y otros que no (el propio Álex de la Iglesia). ¿En qué quedamos entonces? Para Maeztu no hay mucho margen para la interpretación. La respuesta es un sí taxativo: “Está negro sobre blanco: la comisión, si considera que existe una vulneración de la propiedad intelectual, puede retirar el contenido en cuestión o cerrar toda la web. Esta última opción la puede utilizar si la oferta de contenidos protegidos es algo generalizado. El problema es que la norma no detalla los criterios para establecer claramente cuándo hay una vulneración puntual o una generalizada”.

Pero hay una deficiencia más grave todavía a juicio de Maeztu. “Es la gran trampa de la ley”, sentencia. Y da su explicación: “Tras cerrar una web, la comisión tiene que poner en conocimiento del Juzgado Central de lo Contencioso Administravo su medida. Éste puede desautorizar el cierre (o la retirada de un contenido concreto) si estima que se ha vulnerado la libertad de expresión, pero no entra a conocer en ningún momento sobre la presunta infracción de la propiedad intelectual”. Según Maeztu, es muy difícil que este juzgado dé marcha atrás a la decisión de la comisión: porque clausurar un contenido específico o un sitio web de enlaces no suele constituir una limitación de la libertad de expresión.

En esta tesitura, al afectado por la clausura sólo le queda la posibilidad de recurrir a la Audiencia Nacional. Este tribunal ya sí analizará si ha cometido realmente una actividad ilícita según la Ley de Propiedad Intelectual. “Pero hasta que la Audiencia se pronuncie, su web permanecerá cerrada, ya que el recurso no implica la suspensión del cierre decretado por la comisión”. Y todos sabemos lo que tarda en emitir sentencias la administración de Justicia española. Así pues, la webs de descargas, amparadas por la jurisprudencia en la actualidad (los tribunales afirman que su función de enlazar contenidos no es ilícita), quedan a expensas de lo que decida la comisión. “La intervención del Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo es sólo un pátina de legalidad que se le da al procedimiento”, remacha Maeztu

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